Resumen: Se reconoce subsidio para mayores de 52 años el 15-6- 2018. Comprobado por el SEPE que la actora no reunía a la fecha de la solicitud, el requisito de acreditar un periodo de cotización de 6 años, se presenta demanda en fecha 17-5-2020 solicitando la revocación de la resolución y el reintegro de las prestaciones percibidas. En el presente caso concurre la expectativa en la beneficiaria de recibir y mantener las prestaciones reconocidas por el SEPE dado el tiempo transcurrido entre su concesión y la presentación de la demanda, existió la injerencia a la que se refiere la sentencia del TEDH, pero concurre la proporcionalidad, pues en los hechos probados no constan las rentas existentes en el momento de solicitar el subsidio por desempleo ni las posteriores, no tiene enfermedad que le incapacite para el trabajo, no consta situación familiar complicada y tampoco constan carencias económicas graves o circunstancias que pudieran determinar el acceso a otras prestaciones; todo lo cual hace que no pueda aplicarse la doctrina y las consecuencias del caso Cacarevic vs Coracia, confirmando la extinción del subsidio y el reintegro de lo percibido.
Resumen: Beneficiario del subsidio de desempleo para mayores de 55/52 años entre septiembre de 2013 y julio de 2019, impugna la resolución administrativa dictada en 2021 declarando su indebida percepción y la correspondiente obligación de reintegro de lo abonado del 8/11/11/18 al 7/07/19 por jubilación. La instancia estima la demanda. La Sala de lo Social rechaza una revisión fáctica, y, luego de poner de manifiesto la improcedencia de que el SPEE revise de oficio sus actos previos de reconocimiento de derecho transcurrido un año desde su dictado, confirma la decisión del Juzgado, considerando que, no constan en los hechos probados datos que permitan concluir que el demandante cumpliera los requisitos precisos para acceder a la jubilación a los 65 años, por cuanto, las comunicaciones del INSS en tal sentido no son sino meras notas informativas, siendo además contradictorio el contenido de una de ellas con el de otra.
Resumen: Beneficiaria de pensión de jubilación no contributiva desde 2015, que adquirió la nacionalidad española por residencia en 2019, impugna la resolución administrativa que, tras haberse acordado la suspensión cautelar de la prestación, decreta su extinción, por incumplimiento de la obligación de presentar la declaración anual de ingresos, y por haber dejado de cumplir el requisito de residir legalmente en nuestro país, y declara la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. La instancia estima la demanda. La sentencia comentada, rechaza un motivo de quebrantamiento de forma, ya que el expediente administrativo obra en el expediente digital, ha sido valorado judicialmente a la hora de fijar el relato judicial, y la propia recurrente se apoya en documentos que incorpora para formular motivos de revisión fáctica, lo que excluye que se le haya originado indefensión. A continuación, estima dos modificaciones fácticas, y, finalmente rechaza los motivos de censura, confirmando la decisión del Juzgado, con los siguientes argumentos: El incumplimiento de las obligaciones formales de comunicar las variaciones de datos o presentar la declaración anual de ingresos no es causa de extinción, sino de que se incurra en una infracción administrativa leve, o de que se suspenda cautelarmente el pago de la pensión. No hay indicios de que una vez adquirida la nacionalidad española por residencia, la actora se ausentase del territorio nacional por periodos superiores a 90 días.
Resumen: Beneficiario de complemento a mínimos, impugna la resolución administrativa de 3/09/21, dictada en expediente iniciado el previo 1 de junio, declarando la indebida percepción del complemento a mínimos, y el deber de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas en el periodo enero abril de 2018, así como las posteriores de 28/01/22 y 28/04/22, fijando el periodo en que se ha producido el cobro indebido entre enero 2018 y abril 2021, y la siguiente de 30/06/22 desestimatoria de la reclamación previa. La instancia estima la demanda. La sentencia comentada, rechaza una revisión fáctica y confirma la decisión del Juzgado, argumentando que el transcurso del plazo de tres meses desde el inicio del expediente hasta que se dicta resolución, determina su caducidad, con la consiguiente nulidad de todas las resoluciones recaídas en el mismo, sin perjuicio de que se pueda iniciar otro si la acción no ha prescrito.
Resumen: Viuda de trabajador fallecido impugna el acuerdo de la Mutua que declara la indebida percepción y la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en concepto de indemnización a tanto alzado y auxilio de defunción causados por el fallecimiento de su esposo, que mediante sentencia firme se atribuyó posteriormente a la contingencia de enfermedad común. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada, luego de poner de manifiesto que la jurisdicción social es competente para conocer de la acción ejercitada, al no tener por objeto una cuestión de gestión recaudatoria, rechaza un motivo de quebrantamiento de forma, porque, aunque la resolución recurrida, que está suficientemente motivada, ha incurrido en incongruencia omisiva, la Sala está obligada a resolver sobre el fondo, al contar con datos fácticos suficientes; accede a una ampliación fáctica; y revoca la decisión del Juzgado, dejando sin efecto la obligación de reembolso, con los siguientes argumentos: No es preciso instar un procedimiento judicial solicitando la revocación del acto previo de reconocimiento de derecho porque la obligación de reintegro deriva de la sentencia cambiando la contingencia. Aunque la doctrina judicial en la materia no es pacífica, y tampoco hay jurisprudencia unificada, en aplicación del art. 71 RD 1415/04, la entidad colaboradora debe dirigir su solicitud de reembolso frente al INSS, en su condición de sucesor del extinto Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo.
Resumen: Al demandante se le reconoció prestación de desempleo por estinción del contrato de trabajo suscrito con Redes Constructivas del Noroeste, S.L. Mediante resolución de la TGSS de 12 de junio de 2015 se declaró indebida el alta del demandante de fecha 9 de junio de 2011 en Redes Constructivas del Noroeste, S.L. El 19 de agosto de 2015, tras la tramitación del oportuno expediente, el Servicio Público de Empleo Estatal dictó resolución sobre revocación de prestaciones por desempleo y declaró la percepción indebida de la misma en la cantidad de 11528,19 euros. Contra dicha resoluciones no se interpuso ningún tipo de recurso. Mientras las resoluciones que han establecido en el alta indebida por dicha relación laboral simulada no sean dejadas sin efecto, el establecimiento de la existencia de relación laboral por el periodo al que se refiere el alta indebida, pues una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, es decir no puede existir una misma relación inexistente por simulación con otra realmente existente entre las mismas partes y por el mismo periodo de tiempo. Además, frente a la Resolución de 10 de septiembre de 2015 que declaraba indebidas las altas de 51 personas entre ellas el trabajador demandante se siguió procedimiento contencioso administrativo que concluyó con la desestimación de la demanda de la empresa.
Resumen: La beneficiaria tiene reconocida pensión de jubilación no contributiva desde el 01/10/2018. Era beneficiaria de un plan de pensiones abierto el 09/08/2017, realizándose una única aportación ese mismo año por importe de 8.000 €, que posteriormente rescató por importe de 7.945,51 € el 20/12/2019, a consecuencia de lo cual se acordó la extinción de la pensión con efectos de 01/01/2019, declarando indebidas las cantidades percibidas desde tal fecha hasta el 31/03/2021, al superar sus recursos económicos el límite legal establecido. La doctrina jurisprudencial actual considera que lo único relevante, a los efectos ahora examinados, es la ganancia, plusvalía o rendimiento que le haya podido reportar el citado Plan, no el importe de las aportaciones que ya estaban en su patrimonio; por eso, como en el presente caso al efectuar el rescate no obtuvo ningún beneficio sino una minusvalía en su inversión, no se ha incrementado su patrimonio ni sus rentas.
Resumen: Percibiendo la demandante Prestación Familiar por hijo a cargo, fue convertida de oficio con fecha 8/10/2020 en prestación de Ingreso Mínimo Vital. El 19/4/2022 se reclama a la actora la devolución de 4.325,19 euros por prestación indebida de Ingreso Mínimo Vital en el periodo comprendido entre el 1/6/2020 al 31/5/2021 por percibir rentas por encima del límite de rentas computando la pensión de alimentos reconocida a aquella, que no se ha percibido estando reclamada judicialmente. Conforme a la norma, la pensión de alimentos en favor de los hijos que deba ser satisfecha quedará exenta siempre que se haya producido el pago de la misma o cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago; habiéndolo acordado así el Juzgado se desestima el recurso.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda sobre reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas como pensión de jubilación activa, porque en el supuesto enjuiciado la pensión compatible con la actividad debería de haber sido en porcentaje del 50% desde el día 5 de Junio de 2020, fecha en la que causó baja la trabajadora contratada por la accionante, hasta el 1 de Marzo de 2022, siguiente al de la baja de ésta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, debiendo devolver la demandante la diferencia con lo indebidamente abonado y no prescrito, sin que la prestación afectada sea de desempleo, ni constan acreditadas circunstancias sobre el estado de salud de la actora o su situación económica que equiparen el caso con el resuelto por el TEDH en sentencia que declara que el reintegro allí enjuiciado vulnera el derecho de propiedad de la beneficiaria, al constituir una injerencia excesiva y desproporcionada en ese derecho, dada su falta de ingresos, mala salud y la propia naturaleza de la prestación, destinada a atender necesidades básicas de subsistencia ante la carencia de trabajo.
Resumen: La Sala estima el recurso, revoca la sentencia de instancia, y declara el derecho del demandante al percibo del subsidio de incapacidad temporal en el periodo solicitado, por ser compatibles con la pensión de jubilación activa, ya que tratándose de una IT posterior a la jubilación activa, no concurre la incompatibilidad, pues la IT viene a suplir los ingresos que el trabajador percibe por el trabajo compatible con la jubilación, y, aunque en este caso la situación de IT se inicia antes de que el trabajador se halle en situación de jubilación activa, si hemos entendido que las cotizaciones anteriores a la jubilación activa son válidas para lucrar la IT posterior a la misma, sería un contrasentido considerar que la IT iniciada antes de la jubilación activa se extingue por razón de esta última. Sería una interpretación literalista y carente de resultado práctico, puesto que, de seguirse este criterio, el trabajador vería extinguida su IT el día de la jubilación activa y al día siguiente podría solicitar de nuevo el subsidio, siempre que cumpliera con los requisitos exigibles, entre ellos la cotización que, como se ha dicho, se computa la anterior a la jubilación.
